Número de PCE - 454

Períodos de transición de la UE para los LMR y consultas internacionales

Mantenida por: Unión Europea
Planteada por: Colombia
Respaldado por: Brasil; Chile; China; Costa Rica; Ecuador; Estados Unidos de América; Guatemala; Honduras; Panamá; Paraguay; Perú; Turquía
Planteada por primera vez en: marzo 2019 G/SPS/R/94 paras. 3.12-3.23
Planteada posteriormente en: julio 2019 (G/SPS/R/95 paras. 4.62-4.73)
Número de veces posteriormente presentada: 1
Documentos pertinentes: G/SPS/GEN/1697 G/SPS/N/EU/264/Add.1 G/SPS/N/EU/248
Productos abarcados: 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos.; 0813 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo.; 2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas (incluso «silvestres»), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.; 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Palabra clave (tema) principal : Inocuidad de los alimentos
Palabras claves:
Situación: No se ha notificado
Solución:
Fecha en que se comunicó su resolución:

Extractos de los resumenes de las reuniones del Comité MSF

En marzo de 2019, Colombia planteó preocupaciones relativas a los períodos de transición de la UE para los LMR y las consultas internacionales, preocupaciones abordadas en el documento G/SPS/GEN/1697. Como ya había indicado el 6 de marzo de 2019 ante el Comité OTC, Colombia dijo que había una tendencia a acortar los períodos de transición previstos en la reglamentación europea en los casos de modificación de LMR. Colombia explicó que un plazo de seis meses no era suficiente para cumplir los nuevos LMR, teniendo en cuenta los tiempos de cosecha y los momentos en los que se aplicaban los productos agroquímicos. Para productos procesados y/o congelados, la situación podía ser todavía más problemática. Colombia explicó que el desarrollo de un nuevo producto fitosanitario tardaba 36 meses en promedio y, por tanto, debían preverse períodos de transición más largos que los indicados en la regla general del plazo prudencial de seis meses del párrafo 2 del Anexo B del Acuerdo MSF y la Decisión Ministerial WT/MIN(01)/17. Colombia se refirió al párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo MSF, que prevé plazos más largos para el cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias en el caso de productos de interés para los países en desarrollo Miembros, con el fin de mantener sus oportunidades comerciales de exportación. Colombia expuso el ejemplo del período de transición previsto para reducir los LMR de buprofezina al límite mínimo de detección (0,01 mg/kg) (Reglamento de la Comisión (EU) 2019/91, de 18 de enero de 2019, analizado en la preocupación comercial específica Nº 448) y sus efectos para la comercialización del banano. Colombia insistió en que la fecha de aplicación diferida no permitía encontrar alternativas eficaces de control de plagas que cumplieran las normas de alta calidad exigidas por el mercado europeo. Colombia sugirió crear un foro de debate técnico en la OMC para evitar que los cambios de los LMR restrinjan el comercio más de lo necesario.

El Brasil, Chile, China, Costa Rica, el Ecuador, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, el Paraguay, el Perú y Turquía expresaron su apoyo a la preocupación de Colombia y subrayaron que los períodos de transición otorgados por la UE para aplicar los LMR modificados eran insuficientes para adaptarse a las nuevas prescripciones y preparar los expedientes de solicitud de tolerancias para importaciones.

El Paraguay añadió que no parecía que las autoridades de la UE tuvieran en cuenta las preocupaciones y los comentarios expresados en las consultas internacionales. Mencionó a modo de ejemplo la no renovación de la picoxistrobina y la subsiguiente modificación de los LMR por parte de la Unión Europea en enero de 2019 (notificación G/SPS/N/EU/264/Add.1), pese a las preocupaciones manifestadas en los Comités OTC y MSF.

Turquía instó a la Unión Europea a tomar en consideración las normas internacionales sobre LMR en este caso, puesto que la situación creada estaba causando problemas comerciales a su país. Turquía pidió a la Unión Europea que estableciese períodos de transición más largos para productos que tienen una vida útil más prolongada.

Los Estados Unidos recordaron que muchos de sus productores debían tomar decisiones definitivas sobre los cultivos un año antes de que el producto final llegase a la frontera del mercado extranjero y, por tanto, se veían en dificultades por los plazos incompatibles establecidos por la UE para la revisión de LMR y los breves períodos de transición previstos. El problema era especialmente grave en el caso de productos que tienen ciclos de almacenamiento y distribución más largos (por ejemplo, frutas secas, frutos secos, productos enlatados, productos congelados, jugos, vinos y licores), que se habían elaborado de conformidad con las normas de la UE en vigor en el momento de la elaboración, pero que ya no cumplían los requisitos para entrar en la Unión Europea en el momento de la expedición. Por otra parte, los Estados Unidos querían saber por qué a los productores de la UE se les habían concedido períodos de gracia de hasta 15 meses para seguir utilizando las sustancias en cuestión, a diferencia de lo previsto para los productos de otros Miembros, y por qué la Unión Europea había determinado que no era necesario adoptar medidas inmediatas en materia de LMR hasta que no concluyesen esos períodos de gracia. Por último, los Estados Unidos recordaron a la Unión Europea las obligaciones contraídas en el marco del Acuerdo MSF, a saber, que debía tomar en consideración si para los productores era viable técnica y económicamente cumplir los plazos previstos en las medidas de la UE sobre LMR y evitar una discriminación arbitraria o injustificada entre el territorio de la UE y otros Miembros.

El Ecuador manifestó que, a su juicio, el acceso a su principal mercado de exportación se vería afectado por las medidas de la UE, puesto que no había moléculas alternativas. El Ecuador carecía de los recursos necesarios para ayudar a los agricultores a presentar los expedientes científicos necesarios en solicitudes de tolerancias a las autoridades de la UE para importaciones o de sustitución de moléculas. El Ecuador manifestó su apoyo a la propuesta de Colombia de examinar, en el marco del Comité, la posibilidad de establecer un período de transición mínimo para los países exportadores en desarrollo que quisieran adaptarse a la modificación de los LMR de la UE.

Costa Rica explicó que el período de seis meses era insuficiente para que la producción agrícola se adaptase a los LMR modificados, puesto que ya el proceso de evaluación para el registro de nuevas moléculas era más largo. En relación con la buprofezina específicamente, Costa Rica pidió a la Unión Europea que ampliase el plazo para cumplir el nuevo nivel de tolerancia, habida cuenta de las consecuencias para las exportaciones de banano de Costa Rica a la UE. Al mismo tiempo, Costa Rica instó a la Unión Europea a dialogar con los países exportadores de productos agrícolas afectados por las modificaciones de los LMR y señaló que el CAC sería el foro multilateral adecuado para tomar estas decisiones.

China indicó que la preocupación por las modificaciones de LMR debía extenderse a otros Miembros, además de la Unión Europea. China consideraba que las medidas de transición en materia de LMR debían ir más allá de las normas básicas previstas en el Acuerdo MSF, puesto que las distintas variedades vegetales tenían períodos de cultivo diferentes. Por ejemplo, algunas variedades vegetales necesitaban al menos un año para llegar a la etapa de cosecha y los agricultores no podían ajustarse a determinadas modificaciones de LMR, porque los períodos de transición eran demasiado cortos, si bien eran conformes al Acuerdo MSF. Por tanto, China sugirió que, en el futuro, los Miembros incluyeran datos reales sobre los períodos de crecimiento de las variedades vegetales al establecer medidas de transición para los LMR.

El Brasil recordó que había expresado en numerosas ocasiones su preocupación por el enfoque basado en la peligrosidad adoptado por la Unión Europea para la aprobación de plaguicidas, que consideraba incompatible con los artículos 2 y 5 del Acuerdo MSF. También señaló el proyecto de modificaciones de la UE, que parecía introducir la posibilidad de que la fecha límite de cumplimiento en el caso de productos de la UE fuese la fecha de producción, y en el caso de productos importados la fecha de importación, y pidió aclaraciones al respecto.

El Perú anunció que había presentado varias alternativas, que se estaban examinando en Ginebra y en Bruselas.

La Unión Europea acogió con satisfacción la mención de China de medidas en materia de LMR de otros Miembros. Recalcó que cumplía todas las obligaciones contraídas en el marco de los Acuerdos OTC y MSF, en particular, las disposiciones de transparencia y de notificación. La información y las observaciones recibidas en respuesta a las notificaciones siempre se tenían en cuenta antes de tomar una decisión definitiva, en tanto que periódicamente se respondía detalladamente a los interlocutores comerciales que hubieran presentado observaciones. En cuanto a los posibles períodos de transición, la Unión Europea informó al Comité acerca de dos disposiciones clave. En primer lugar, se establecía una fecha de aplicación diferida tras la entrada en vigor de una disposición que rebajase los LMR. En la mayoría de los casos solo se aplicaban las medidas seis meses después de la entrada en vigor, lo que permitía a terceros países y a operadores de empresas alimentarias adoptar los ajustes necesarios para cumplir los nuevos LMR. En segundo lugar, los LMR anteriores se mantienen para productos elaborados o importados en la Unión Europea antes de la fecha de aplicación, que pueden seguir en el mercado si la información disponible indica que se mantiene un elevado nivel de protección de los consumidores.

En relación con el comentario concreto de Colombia sobre la buprofezina, la Unión Europea respondió que el Reglamento de la Comisión se había notificado al Comité MSF en julio de 2018 y entraría en vigor en agosto de 2019, es decir, más de un año después de la notificación. La Unión Europea también subrayó que había llevado a cabo una evaluación del riesgo en la que había determinado que la anilina era un carcinógeno. Aclaró asimismo que el propósito de sus medidas sobre los LMR no era discriminar. Por último, la Unión Europea recordó que mantenía un diálogo con los Miembros en Bruselas.

En julio de 2019, Colombia observó que, teniendo en cuenta el calendario de cosechas y de aplicación de agroquímicos, el plazo de seis meses previo a la aplicación de la norma resultaba insuficiente para realizar los ajustes necesarios en la producción a fin de garantizar que los productos agrícolas cumpliesen los nuevos LMR. Los períodos de transición para los LMR deberían analizarse con criterios distintos de la regla general de los seis meses. Colombia también señaló que otros Miembros habían expresado preocupaciones similares sobre esta cuestión.

El Brasil, el Canadá, Chile, Costa Rica, el Ecuador, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, la República Dominicana y Tailandia expresaron también preocupación por los períodos de transición y de entrada en vigor para los LMR y por el tiempo necesario para sustituir las sustancias afectadas.

El Brasil lamentó que la aplicación de los nuevos reglamentos tuviera en cuenta la fecha de producción en el caso de los productos de la Unión Europea y la fecha de importación en el caso de los productos de países terceros, lo que podría introducir una discriminación injustificable en las MSF aplicadas.

El Ecuador subrayó que el registro de nuevas sustancias sustitutivas requería un proceso de evaluación de 24 meses, seguidos por otros 12 meses para la concesión del registro. El tiempo insuficiente y la falta de acceso a moléculas alternativas podrían bloquear la entrada de los productos agrícolas del Ecuador en su mercado más importante.

Los Estados Unidos señalaron con preocupación que las medidas de transición de la Unión Europea parecieran además establecer diferencias arbitrarias en el trato previsto para los productos internos y los productos importados. En la respuesta de la Unión Europea a las observaciones de los Estados Unidos sobre la notificación G/SPS/N/EU/248, en la que se informaba de una de las primeras decisiones de la Unión Europea sobre períodos de transición en materia de LMR, la Unión Europea admitió explícitamente que los países no pertenecientes a la UE dispondrían de menos tiempo que los Estados miembros de la UE para ajustarse a los nuevos LMR. Por ello, los Estados Unidos pidieron que la Unión Europea explicase si era viable, técnica y económicamente, que los productores cumpliesen los plazos establecidos en sus medidas relativas a los LMR, y si estaba cumpliendo la obligación de evitar una discriminación arbitraria o injustificada entre su propio territorio y el de otros Miembros.

Costa Rica pidió que se ampliase el plazo para cumplir las nuevas tolerancias, solicitó a la Unión Europea un diálogo con los países exportadores de productos agrícolas afectados por sus modificaciones de los LMR, y alentó a enmarcar los estudios, los análisis y las decisiones en el Codex y en el Acuerdo MSF.

Chile pidió a la Unión Europea que ampliase el período de transición hasta un mínimo de 24 meses, mientras que la República Dominicana pidió un mínimo de un año. Guatemala también hizo hincapié en un estudio emprendido por los productores para determinar las repercusiones de las medidas de la UE. El Canadá remitió a sus observaciones anteriores sobre los períodos de transición.

La Unión Europea remitió a su declaración formulada en la reunión del Comité MSF celebrada en marzo de 2019. Recordó que la aplicación se aplazaba en general 6 meses, y que podían establecerse medidas transitorias cuando no existiesen preocupaciones inmediatas relativas a la salud, lo cual permitiría que los productos producidos en la Unión Europea o importados se mantuviesen en el mercado hasta la fecha de caducidad. La Unión Europea explicó que aplicaba la misma fecha límite para la producción y para la importación porque tenía en cuenta criterios de observancia y de viabilidad de los controles. La Unión Europea también indicó que las notificaciones en el marco del Acuerdo OTC relativas a la no renovación de autorizaciones de sustancias o a la revocación de tales autorizaciones constituían de hecho un aviso temprano, tal como solía mencionarse en dichas notificaciones. Normalmente, el plazo hasta la retirada de las autorizaciones era de 6 meses a partir de las citadas notificaciones, y el período de gracia adicional para la introducción de nuevos productos fitosanitarios sin perturbar el mercado podía ser de hasta 18 meses. Por lo tanto, podían pasar dos años entre las notificaciones OTC y la aplicación de medidas de modificación de los LMR. La Unión Europea tomó nota de las observaciones de los Miembros y añadió que el sistema de la UE era transparente y predecible.

Costa Rica se refirió a la respuesta de la Unión Europea, que consideraba sus notificaciones OTC como un "aviso temprano" que daba a los Miembros casi dos años para adaptarse a unos LMR más bajos. Costa Rica pidió que se aclarase si las notificaciones OTC de la Unión Europea debían evaluarse también en el marco de las disciplinas del Acuerdo MSF, incluida la exigencia de fundamentación científica de las medidas.

La Unión Europea contestó que podía cuestionarse la notificación de la no renovación de LMR en el marco del Acuerdo OTC, argumentando que dichas decisiones podrían incluir componentes sanitarios y fitosanitarios. Sin embargo, solo se notifican medidas que tienen repercusiones significativas en el comercio, y la no renovación de la autorización de una sustancia no tiene estos efectos más allá de la Unión Europea.

Los Estados Unidos pidieron a la Unión Europea que aclarase su observación de que el motivo de no notificar la decisión de no renovación de la autorización de una sustancia para su uso interno era la falta de repercusiones significativas en el comercio, cuando, al mismo tiempo, afirmaba que sus notificaciones OTC constituían un aviso temprano para los interlocutores comerciales.

La Unión Europea afirmó que acataba las obligaciones de transparencia y de notificación de sus medidas. Señaló que la no renovación de la autorización de una sustancia carecía de repercusiones en el comercio hasta que se modificasen los LMR, y que las notificaciones se habían presentado habitualmente de ese modo.