Número de PCE - 453

Restricciones de la UE sobre el uso de clorotalonil (sustancia plaguicida activa) (G/TBT/N/EU/625)

Mantenida por: Unión Europea
Planteada por: Colombia
Respaldado por: Bolivia, Estado Plurinacional de; Brasil; Chile; Costa Rica; Ecuador; Estados Unidos de América; Guatemala; Honduras; Panamá; Paraguay; Turquía
Planteada por primera vez en: marzo 2019 G/SPS/R/94 paras. 3.1-3.11
Planteada posteriormente en:
Número de veces posteriormente presentada: 0
Documentos pertinentes: G/TBT/N/EU/625 G/SPS/GEN/1695
Productos abarcados: 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos.; 1804 Manteca, grasa y aceite de cacao.; 081030 - Grosellas, incluido el casis; 081040 - Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium; 10 Cereales; 1201 Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas.
Palabra clave (tema) principal : Inocuidad de los alimentos
Palabras claves: Salud de las personas; Inocuidad de los alimentos; Límites máximos de residuos (LMR); Plaguicidas; Evaluación del riesgo; Normas internacionales/armonización; Obstáculos técnicos al comercio (OTC)
Situación: No se ha notificado
Solución:
Fecha en que se comunicó su resolución:

Extractos de los resumenes de las reuniones del Comité MSF

En marzo de 2019, Colombia planteó una preocupación relacionada con la no renovación de la aprobación de la sustancia activa clorotalonil y los consiguientes efectos posibles en cuanto a los límites máximos de residuos (LMR) de los plaguicidas que contenían dicha sustancia, medida notificada el 4 de diciembre de 2018 por la Unión Europea en el documento G/TBT/N/EU/625. Colombia ya había distribuido esta información en el documento G/SPS/GEN/1695 y había planteado su preocupación en el Comité OTC el 6 de marzo de 2019. Colombia explicó que el clorotalonil se utilizaba para el control de la Sigatoka Negra y que la no renovación de esa sustancia afectaría especialmente a las exportaciones de banano. En 2017, Colombia produjo 1,87 millones de toneladas y registró exportaciones por valor de USD 850 millones; el 80% de las exportaciones se destinaron a la Unión Europea. En las principales regiones productoras de Urabá, Magdalena y Guajira, el sector del banano representa 35.000 empleos directos y 100.000 indirectos.

Colombia consideraba que la medida de la UE se basaba en el principio de precaución y que no se había determinado ningún riesgo de los metabolitos en cuestión; invitó a la Unión Europea a ampliar la información y a realizar una evaluación de riesgo basada realmente en datos. Colombia consideraba asimismo que la decisión de clasificación debía ser tomada por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y que se debía dar a conocer la opinión de la ECHA antes de solicitar a los Estados miembros una decisión sobre la renovación de la aprobación del clorotalonil. Colombia cuestionó la compatibilidad de la medida con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo MSF.

Colombia añadió que el cambio reglamentario también afectaría negativamente a otros cultivos que se exportaban a la Unión Europea (como el plátano, las uchuvas y el cacao), y tendría un efecto importante a nivel social y económico en las regiones productoras, y destacó la amplia biodiversidad de plagas, enfermedades y malezas en la agricultura tropical. Colombia solicitó a la Unión Europea que mantenga el registro de clorotalonil y subrayó que su sector productivo del banano necesitaba al menos seis meses para buscar una alternativa a este ingrediente activo, porque no hay alternativas que tengan la misma eficacia.

Bolivia, el Brasil, Chile, Costa Rica, el Ecuador, los Estados Unidos, Guatemala, Panamá, el Paraguay y Turquía se sumaron a la preocupación de Colombia. Honduras manifestó su interés comercial en el tema. Varios de esos Miembros subrayaron que el clorotalonil era una herramienta eficaz de lucha contra las plagas, especialmente contra la Sigatoka Negra del banano, y que los agricultores tendrían dificultades sin ese producto. Muchos Miembros pidieron a la Unión Europea que reconsiderase su modo de proceder y llevase a cabo una evaluación del riesgo completa, que incluyese un período de transición y alternativas para proteger los cultivos.

Los Estados Unidos recordaron que un caso anterior de supresión en 2014-2015 había afectado negativamente a la producción de arándanos rojos de los Estados Unidos y a las exportaciones a la Unión Europea, sin que se hubiera observado ni cuantificado ningún beneficio en materia de salud de los consumidores. Los Estados Unidos señalaron que la EFSA no había realizado una evaluación del riesgo para los consumidores para respaldar posibles medidas futuras de la UE sobre los LMR, y alegaron que la prohibición se fundamentaba en la incertidumbre respecto a la genotoxicidad. Además, la falta de claridad sobre el calendario de las futuras medidas de la UE en relación con los LMR ya estaba complicando el trabajo de los cultivadores estadounidenses, que estaban tomando decisiones sobre la protección de cultivos en 2019. Por otra parte, las políticas de transición de la UE sobre los LMR eran insuficientes en el caso de productos que tienen una vida útil y ciclos de distribución más largos. Los Estados Unidos invitaron a la Unión Europea a explicar si los frecuentes cambios en los procedimientos de aprobación se habían limitado a lo que era razonable y necesario, y si se había intentado reducir al máximo los efectos negativos para el comercio.

El Paraguay señaló que había clasificado el clorotalonil como un plaguicida de bajo riesgo para su uso en rotación en los cultivos de maíz, trigo, arroz y soja. La categorización de cancerogenicidad realizada por la EFSA se basaba en argumentos no concluyentes, no seguía normas internacionales y generaría restricciones innecesarias para el comercio.

Costa Rica explicó que era el segundo exportador de banano del mundo y que la mitad de su producción se exportaba a la Unión Europea. El sector generaba 40.000 empleos directos y 100.000 indirectos, principalmente en las zonas rurales menos desarrolladas. Gracias a la aplicación de buenas prácticas agrícolas, el Laboratorio de Análisis de Residuos de Agroquímicos del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica había establecido la ausencia de residuos de clorotalonil en la producción de banano, y así confirmaba que no había riesgos para la salud ni para el medio ambiente. Costa Rica subrayó que la no renovación y la subsiguiente reducción de los LMR supondrían un grave problema para su sector productivo, puesto que no existían plaguicidas alternativos con un perfil ambiental o toxicológico mejor. Costa Rica recalcó que los debates sobre salud pública de este tipo debían mantenerse a nivel multilateral, también en el marco del Codex.

El Brasil manifestó que, como Colombia, consideraba que había que plantear la preocupación ante el Comité MSF, aunque ya se hubiera planteado ante el Comité OTC, puesto que el proyecto de reglamento de la UE en cuestión se basaba en una opinión científica sobre el riesgo para la vida de las personas y de los animales y para la preservación de los vegetales. Al Brasil le preocupaba que la decisión de no renovación anunciara el establecimiento de nuevos LMR en la UE para el clorotalonil, fundamentados en la peligrosidad y no en pruebas científicas presentadas por las organizaciones internacionales pertinentes. Prohibir el clorotalonil podría tener consecuencias no deseadas, como el aumento del desperdicio de alimentos, un mayor uso de otras sustancias y restricciones innecesarias para el comercio.

Al Ecuador no le afectaban las medidas de la Unión Europea en ese momento, pero, con todo, le preocupaba que cualquier medida subsiguiente encaminada a modificar los LMR pudiera afectar a sus exportaciones de banano destinadas a la UE. El Ecuador era el principal exportador de banano del mundo. El sector generaba en torno a 2 millones de empleos en toda la cadena de valor nacional y representaba el 35% de su PIB agropecuario. La mayoría de los exportadores eran pequeños productores. Muchas de las plantaciones tenían certificados internacionales que avalaban la calidad de la producción. Con arreglo a la legislación andina de registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, los criterios de aprobación de plaguicidas en el Ecuador debían basarse en principios científicos y en las normas internacionales, antes de ser evaluados por las autoridades técnicas nacionales competentes. El Ecuador pidió a la Unión Europea que tomase en consideración todos los datos y comentarios disponibles.

La Unión Europea explicó que la medida en cuestión no había perturbado el comercio porque no se habían modificado los LMR aplicables al clorotalonil y se había previsto un período de gracia para los productos que contenían esa sustancia. Confirmó asimismo que se estudiarían posibles medidas de transición cuando se propusiera una modificación de los LMR existentes, en todo caso no antes de que expirasen los períodos de gracia. En el futuro, cualquier decisión relativa a la reducción de los LMR se notificaría por separado al Comité MSF.

La Unión Europea discrepaba de la opinión de los Miembros que afirmaban que la UE aplicaba un enfoque de peligrosidad, y recalcó que había realizado una evaluación del riesgo que había concluido que no se podía alcanzar el nivel de protección de la UE, un criterio previsto en el Acuerdo MSF. Sin embargo, se podían solicitar tolerancias para importaciones, aunque deberían estar basadas en nuevos datos pertinentes relativos a las preocupaciones identificadas en la opinión de la EFSA, y serían evaluadas caso por caso.