Número de PCE - 219

Prescripciones de Eurep/Gap aplicadas al banano

Mantenida por: Unión Europea
Planteada por: San Vicente y las Granadinas
Respaldado por: Argentina; Belice; Cuba; Dominica; Ecuador; Egipto; Indonesia; Jamaica; Kenya; México; Perú; Sudáfrica
Planteada por primera vez en: junio 2005 G/SPS/R/37/Rev.1 (EN), paras. 16-20; G/SPS/R/37 (FR, ES), paras. 16-20
Planteada posteriormente en: octubre 2006 (G/SPS/R/43 paras. 40-41)
Número de veces posteriormente presentada: 1
Documentos pertinentes: G/SPS/GEN/766
Productos abarcados: 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos.
Palabra clave (tema) principal : Inocuidad de los alimentos
Palabras claves: Proc. de control, inspección y aprobación; Inocuidad de los alimentos; Salud de las personas; Normas privadas; Obstáculos técnicos al comercio (OTC)
Situación: No se ha notificado
Solución:
Fecha en que se comunicó su resolución:

Extractos de los resumenes de las reuniones del Comité MSF

En junio de 2005, el representante de San Vicente y las Granadinas informó de que, en su calidad de miembro del grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico, su país se había beneficiado considerablemente de la asistencia prestada por las Comunidades Europeas en relación con las exportaciones de banano y otros productos agrícolas frescos al mercado de las CE. Sin embargo, la certificación de Eurep/Gap, introducida en 1997, había sido impuesta ahora como condición para que continuara el comercio entre San Vicente y las Granadinas y los supermercados del Reino Unido. En opinión de San Vicente y las Granadinas, las medidas sanitarias y fitosanitarias habían de ser introducidas por los gobiernos, y no por entidades privadas o por organizaciones no gubernamentales. Algunas de las medidas establecidas en el programa de certificación de Eurep/Gap entraban claramente comprendidas en el ámbito del Acuerdo MSF. San Vicente y las Granadinas preguntaban por consiguiente si esas medidas formaban parte de la legislación alimentaria general de las CE o eran prescripciones de entidades privadas.

La representante de Jamaica señaló que su país se enfrentaba con problemas similares respecto de las prescripciones de Eurep/Gap para la entrada de frutas y hortalizas frescas en las Comunidades Europeas. Puesto que una lectura del reglamento de las CE sobre los productos alimenticios y los piensos indicaba que las prescripciones de Eurep/Gap eran prescripciones del sector privado, Jamaica preguntaba qué recurso estaba a disposición de los países exportadores.

El representante de las Comunidades Europeas aclaró que Eurep/Gap no era un órgano de las CE ni de ninguno de sus Estados miembros. Era un consorcio del sector privado que representaba los intereses de los principales minoristas. En ningún caso podían las prescripciones de Eurep/Gap ser presentadas como prescripciones de las CE. Aun cuando esas normas, en ciertos casos, excedieran de las prescripciones establecidas en las normas sanitarias y fitosanitarias de las CE, éstas no podían oponerse a ellas porque no estaban en contradicción con la legislación comunitaria. Esta era una cuestión que las CE deseaban debatir en el seminario informativo que se celebraría el 19 de julio en Bruselas. La representante de las Comunidades Europeas alentó a los países en desarrollo, y en particular a los PMA, a examinar esta cuestión junto con las organizaciones no gubernamentales, puesto que, en muchos aspectos, las prescripciones de Eurep/Gap se hacían eco de las preocupaciones de éstas. La actual acumulación de normas de este tipo ofrecía una oportunidad para hacer hincapié en el valor de las normas oficiales, ya que las normas privadas eran a menudo mucho más estrictas.

El representante del Perú preguntó por la interpretación del artículo 13 del Acuerdo MSF que se refería a su aplicación por las entidades no gubernamentales existentes en el territorio del Miembro. El representante del Ecuador señaló que, como exportador, su país seguía con atención la repercusión de esta cuestión en el comercio hacia las Comunidades Europeas. El representante de México indicó que las medidas sanitarias y fitosanitarias que se definían en el Anexo A eran el elemento central del Acuerdo MSF. Sólo cuando esas medidas eran adoptadas por las autoridades gubernamentales tenía un Miembro la obligación de velar porque las entidades gubernamentales y no gubernamentales interesadas las aplicaran adecuadamente, con arreglo a lo previsto en el artículo 13. El Anexo 3 del Acuerdo OTC establecía un código de buena conducta para las instituciones no gubernamentales con actividades de normalización que elaboran normas de calidad para productos alimenticios. Dicho código había sido aceptado por muchas de esas organizaciones. Indicó que tal vez fuera interesante que el Comité MSF examinara esas disposiciones del Acuerdo OTC antes de llegar a una conclusión sobre ese asunto.

El representante de la Argentina recordó que la comunidad internacional había concluido acuerdos internacionales para garantizar que las normas comerciales no fueran innecesariamente rigurosas, de manera que actuaran como obstáculos al comercio internacional, y los países habían dedicado tiempo y recursos financieros y humanos a asistir a todas las reuniones internacionales en las que se habían examinado, elaborado y aplicado normas. Si el sector privado fuera a aplicar unas normas innecesariamente restrictivas que afectaran al comercio y los países no dispusieran de un foro en el que propugnar cierta racionalización de esas normas, 20 años de debates en los foros internacionales habrían sido inútiles. El representante de la Argentina expresó su convencimiento de que era necesario abordar los aspectos racionales y jurídicos de esos tipos de reglamentos.

En octubre de 2006, el Presidente informó brevemente sobre las reuniones de información celebradas antes de la reunión. Con respecto a las normas privadas y comerciales, recordó que San Vicente y las Granadinas planteó la cuestión por primera vez en la reunión celebrada los días 29 y 30 de junio de 2005, en particular por lo que se refería al programa EurepGAP. Indicó que los participantes habían agradecido la oportunidad de mejorar su comprensión no sólo respecto de dicho programa, sino también de las repercusiones económicas de alrededor de 400 programas privados que estaban en marcha. Los Miembros habían dirigido una serie de preguntas directamente relacionadas con la labor del Comité al Sr. Hoffman, de la UNCTAD, y al Sr. Garbutt, del programa EurepGAP.

El representante de San Vicente y las Granadinas indicó que sus preocupaciones con respecto al programa EurepGAP seguían siendo las mismas. Dichas normas privadas, que solían ser mucho más estrictas que las normas establecidas internacionalmente, tenían repercusiones financieras muy amplias, en particular para los pequeños agricultores de las economías pequeñas y vulnerables. La Argentina, Belice, Cuba, Dominica, Egipto, Indonesia, Kenya y Sudáfrica compartían las preocupaciones de San Vicente y las Granadinas, y sugirieron que la cuestión de las normas privadas y comerciales en general se incluyera en el orden del día de la siguiente reunión del Comité MSF.