Número de PCE - 117

Trazabilidad y etiquetado de alimentos y piensos modificados genéticamente

Mantenida por: Unión Europea
Planteada por: Argentina; Canadá; Estados Unidos de América
Respaldado por: Australia; Chipre
Planteada por primera vez en: marzo 2002 G/SPS/R/26 paras. 57-62
Planteada posteriormente en: noviembre 2002 (G/SPS/R/28 paras.95-96)
abril 2003 (G/SPS/R/29 paras. 88-90)
marzo 2004 (G/SPS/R/33 paras. 43-47)
Número de veces posteriormente presentada: 3
Documentos pertinentes: G/SPS/N/EEC/149 G/SPS/N/EEC/150 G/SPS/GEN/354 G/SPS/GEN/337 G/SPS/GEN/338
Productos abarcados:
Palabra clave (tema) principal : Inocuidad de los alimentos
Palabras claves: Inocuidad de los alimentos; Organismos modificados genéticamente (OMG); Salud de las personas; Normas internacionales/armonización; Obstáculos técnicos al comercio (OTC); Transparencia
Situación: No se ha notificado
Solución:
Fecha en que se comunicó su resolución:

Extractos de los resumenes de las reuniones del Comité MSF

En marzo de 2002, el Presidente observó que esta cuestión estaba estrechamente relacionada con el asunto debatido anteriormente. El representante de los Estados Unidos especificó que la prescripción de la rastreabilidad se iba a aplicar a todos los productos alimenticios y piensos obtenidos por medios biotecnológicos en todas las fases de la comercialización del producto, con el objetivo declarado de facilitar el control de las reclamaciones de etiquetado, la vigilancia del medio ambiente y el control del producto. Los elaboradores de alimentos estarían obligados a mantener información específica en cada fase de la comercialización del producto, incluso detalles relativos a su contenido o a si sus componentes se obtenían por medios biotecnológicos. Como norma general, si un producto contenía ingredientes obtenidos por medios biotecnológicos o derivados de ellos había que identificarlos, comprendidos los fabricados a partir de productos biotecnológicos, pero que no los contuviesen, como el aceite de soja. Los Estados Unidos consideraban que la aplicación de esta propuesta sería costosa, pero que no sería posible imponerla ni lograría sus objetivos declarados. Sin un costoso sistema de conservación de la identidad, no sería posible identificar con precisión todos los procesos biotecnológicos que podría contener un envío y esto representaría una carga sustancial, especialmente para los países en desarrollo. A los Estados Unidos les preocupaba además que la medida no estuviera orientada a evitar riesgos para la salud y que abarcara productos cuya utilización ya se había aprobado en las Comunidades Europeas. Ya se habían utilizado efectivamente sistemas de rastreo en relación con la inocuidad de los alimentos para retirar alimentos que figuraban en la respuesta de los Estados Unidos a problemas de salud, basándose en los números de las partidas y los lotes de los embalajes. Sin embargo, el sistema de rastreabilidad propuesto se aplicaría a todos los productos cuya inocuidad ya se había evaluado. Instó a la Comisión Europea a que, antes de adoptar la medida, valorara su aplicación de manera fidedigna y cuidadosa, evaluara medios menos restrictivos del comercio para lograr los objetivos y evaluara el efecto normativo de la propuesta.

La representante de Australia indicó que su país había formulado ya a las Comunidades Europeas observaciones detalladas por escrito sobre este asunto. En esas observaciones se ponían en duda los principios científicos de las medidas comunitarias, cuáles eran las normas internacionales que había que utilizar y el carácter de la evaluación del riesgo que respaldaba las medidas de la CE. Australia se preguntaba también si no se podría utilizar una medida menos restrictiva del comercio y cuál era el motivo de que se utilizase un sistema de rastreabilidad para alimentos modificados genéticamente muy diferente de los utilizados para otros alimentos.

El representante de Noruega manifestó sus dudas en cuanto a si el Acuerdo MSF era pertinente para la cuestión de los OMG. Noruega estaba firmemente convencida de que el etiquetado y la rastreabilidad no eran contrarios a las obligaciones en el marco de la OMC. Los reglamentos comunitarios tenían en cuenta el Codex, el Protocolo de Cartagena y las directrices de la OCDE. Conforme a las directrices del Codex, se debería utilizar el etiquetado de los alimentos para evitar el engaño o la confusión del consumidor con respecto a la verdadera naturaleza de un alimento. La falta de confianza de los consumidores en los productos alimenticios sería mayor si no se exigiese el etiquetado y la rastreabilidad. Con las medidas comunitarias se abordaba un objetivo legítimo y no eran excesivas en relación con su finalidad. El representante de Chipre declaró que su país respaldaba la posición comunitaria con respecto a la información a los consumidores.

El representante de la Argentina declaró que su país compartía las preocupaciones planteadas por otros Miembros y presentaría en breve observaciones por escrito a las Comunidades Europeas. La Argentina recordó, preocupada por la referencia de Noruega a la OCDE, que sólo tres organizaciones eran pertinentes en el marco del Acuerdo MSF.

El representante de las Comunidades Europeas declaró que se examinarían y comunicarían a los órganos adecuados todas las observaciones. Las prescripciones sobre etiquetado vigentes en las Comunidades Europeas requerían información sobre los ingredientes que contenían los productos alimenticios; todo lo que se añadía en el etiquetado era para garantizar la inclusión de los productos modificados genéticamente en las prescripciones generales. La rastreabilidad tenía cuatro objetivos: 1) retirar los productos en caso de que surgiese un problema imprevisto; 2) vigilar los riesgos potenciales para el medio ambiente; 3) controlar la exactitud de la información facilitada en el etiquetado; y 4) informar a los consumidores acerca de lo que comen y evitar prácticas engañosas. La Comisión de la CE consideraba que estos cuatro objetivos estaban fundamentalmente relacionados con el Acuerdo OTC y había notificado esta propuesta al Acuerdo MSF sólo con fines de transparencia.

El representante del Canadá observó que uno de los objetivos declarados de la propuesta de reglamento era proporcionar un alto nivel de protección de la salud humana. El Canadá aceptaba que los consumidores tenían derecho a conocer muchas cosas, pero encontraba conflictivo que estos reglamentos se concentraran en los productos fabricados a partir de otros modificados genéticamente, pero no en los productos obtenidos con coadyuvantes de elaboración modificados genéticamente, incluso cuando pudieran quedar rastros de ellos en el producto. Había varias industrias que utilizaban en Europa estos coadyuvantes. La orientación selectiva también era problemática en el sentido de que no había que informar a los consumidores si los productos se obtenían por mutagénesis, otra forma de alteración genética. La orientación de los reglamentos de la CE era excesivamente específica y selectiva. Además, el carácter obligatorio del sistema de rastreabilidad creaba problemas, especialmente en cuanto a su observancia. Observó que no existían normas internacionales a este respecto; todavía no estaba en vigor el Protocolo sobre la Bioseguridad y ni éste ni las directrices de la OCDE se mencionaban en el Acuerdo MSF. El Canadá esperaba con interés la evaluación científica de las necesidades, los problemas y los beneficios del sistema de rastreabilidad obligatoria propuesto.

En noviembre de 2002, el representante de la Argentina señaló a la atención las 21 preguntas para las que su país pedía una respuesta por escrito de las Comunidades Europeas (G/SPS/GEN/354). En ese momento la Argentina deseaba sólo puntualizar el hecho de que la versión notificada elaborada por el Consejo no incluía las modificaciones hechas por el Parlamento Europeo. La Argentina preguntó si la última versión notificada incluía las modificaciones.

El representante de las Comunidades Europeas expresó que habían recibido las preguntas de la Argentina en una fecha tardía y que darían respuesta a las preguntas por escrito. Confirmó que las Comunidades Europeas normalmente notificaban un proyecto de texto a la OMC a fin de que los Miembros pudieran disponer de tiempo suficiente para hacer observaciones mientras el reglamento propuesto se distribuía en el Parlamento y el Consejo. El examen estaba todavía en curso en ambos órganos y tan pronto como se adoptase un reglamento final se notificaría al Comité MSF con fines de información.

En abril de 2003, el representante de la Argentina recordó que en la última reunión del Comité había formulado a las Comunidades Europeas preguntas específicas con respecto a los proyectos de reglamentos sobre etiquetado y rastreabilidad. Quiso saber si las Comunidades Europeas estaban en condiciones de responder a esas preguntas.

El representante de los Estados Unidos dio las gracias a las Comunidades Europeas por las observaciones formuladas en el párrafo 86 y dijo que esperaba con interés recibir información sobre la posición del Consejo respecto de esas dos propuestas.

El representante de las Comunidades Europeas confirmó que se estaban estudiando las preguntas adicionales presentadas por la Argentina y que las respuestas se basarían en la nueva versión de esas dos propuestas legislativas y no en las versiones iniciales. Las Comunidades Europeas estaban en vías de ultimar sus respuestas. Además, recordó que ya se había respondido en forma detallada a muchas de las preguntas planteadas por la Argentina en los documentos G/SPS/GEN/337 y 338.

En marzo de 2004, el representante de los Estados Unidos señaló que las normas de las CE sobre rastreabilidad y etiquetado de los organismos modificados genéticamente y sobre alimentos y piensos entrarían en vigor en abril de 2004, pero subsistían muchos interrogantes e incertidumbres. Pidió que las Comunidades Europeas pospusieran la aplicación y ejecución de los reglamentos hasta que se publicaran también orientaciones con respecto al muestreo y las pruebas.

El representante del Canadá puso en duda la justificación científica de los reglamentos y expresó su preocupación por el hecho de que se impusieran a los productos prescripciones gravosas en materia de documentación y de otro tipo basadas en su método de producción. Además, puso de relieve la ambigüedad de las prescripciones relativas a la rastreabilidad y el etiquetado, al no haber sistemas de separación y métodos de prueba internacionalmente aceptados para validar la presencia de alimentos modificados genéticamente.

El representante de la Argentina expresó su preocupación por el hecho de que los reglamentos eran discriminatorios, imponían restricciones injustificadas al comercio y afectaban a los países en desarrollo.

El representante de Australia dijo que compartía las preocupaciones de los Estados Unidos, el Canadá y la Argentina y pidió que las Comunidades Europeas consideraran alternativas que entrañaran un grado menor de restricción del comercio.

El representante de las Comunidades Europeas explicó que el reglamento 1830/2003 de las CE había sido adoptado el 22 de septiembre de 2003. Había sido notificado al Comité MSF a petición de varios Miembros, aunque las Comunidades Europeas estimaban que la medida estaba correctamente clasificada como obstáculo técnico al comercio. El reglamento respaldaba la libertad de los consumidores para elegir o rechazar productos obtenidos por medios biotecnológicos y proporcionaba un marco armonizado que favorecía un funcionamiento eficaz de los mercados internos. También permitía a las Comunidades Europeas retirar rápidamente productos que entrañaran un riesgo para la salud de los consumidores, los animales o el medio ambiente.