Número de PCE - 110

Proceso de aprobación de la biotecnología agrícola

Mantenida por: Unión Europea
Planteada por: Estados Unidos de América
Respaldado por: Argentina; Australia; Canadá; Filipinas
Planteada por primera vez en: octubre 2001 G/SPS/R/25 paras. 102-105; See also STC 106
Planteada posteriormente en: marzo 2002 (G/SPS/R/26 paras. 33-35)
junio 2002 (G/SPS/R/27 paras. 56-57)
noviembre 2002 (G/SPS/R/28 paras. 69-72)
septiembre 2006 (WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R)
junio 2016 (G/SPS/R/83 paras. 4.44-4.46)
Número de veces posteriormente presentada: 5
Documentos pertinentes: Planteada oralmente
Productos abarcados: 02 Carne y despojos comestibles; 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos; 04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte; 05 Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte; 06 Plantas vivas y productos de la floricultura; 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios; 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias
Palabra clave (tema) principal : Otras preocupaciones
Palabras claves: Proc. de control, inspección y aprobación; Inocuidad de los alimentos; Organismos modificados genéticamente (OMG); Buenos oficios/Consultas/Solución de diferencias; Salud de las personas; Otras preocupaciones; Evaluación del riesgo; Protección del territorio; Transparencia
Situación: Parcialmente resuelta
Solución: Consultas solicitadas el 13 de mayo de 2003 (WT/DS291/1). Grupo Especial único establecido para las diferencias DS291, DS292 y DS293 el 29 de agosto de 2003. El informe del Grupo Especial (WT/DS291/R) fue adoptado el 21 de noviembre de 2006. Suspensión de concesiones autorizada el 15 de febrero de 2008; arbitraje solicitado el 7 de febrero de 2008 (WT/DS291/34). Informe del Grupo Especial (WT/DS292/R) adoptado el 21 de noviembre de 2006. Solución mutuamente convenida notificada el 15 de julio de 2009 (WT/DS292/40). Informe del Grupo Especial (WT/DS293/R) adoptado el 21 de noviembre de 2006. Solución mutuamente convenida notificada el 19 de marzo de 2010 (WT/DS293/41).
Fecha en que se comunicó su resolución: 21/11/2006

Extractos de los resumenes de las reuniones del Comité MSF

En octubre de 2001, el representante de los Estados Unidos informó al Comité de la creciente preocupación de su país con respecto a la falta en las Comunidades Europeas de un procedimiento satisfactorio de aprobación de los productos agropecuarios obtenidos por medios biotecnológicos. Desde 1998, se había establecido una moratoria de hecho para la aprobación de dichos productos. Los Estados Unidos consideraban que, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo MSF, las Comunidades Europeas estaban obligadas a contar con un procedimiento satisfactorio de aprobación y no debían seguir retrasando las decisiones con respecto a las aplicaciones pendientes. En opinión de los Estados Unidos, la Comisión Europea tenía autoridad y competencia para tomar las medidas necesarias a fin de restablecer el procedimiento de aprobación, e instó a la Comisión a que lo hiciera cuanto antes.

El representante del Canadá dijo que estaba de acuerdo con la preocupaciones de los Estados Unidos y que deseaba que hubiera un procedimiento satisfactorio de aprobación en las CE. En términos más generales, al Canadá le preocupaba el hecho de que las Comunidades Europeas estuvieran alterando básicamente la reglamentación de los productos agropecuarios y alimenticios para introducir una discriminación en función de cómo se producía un producto y no de las características de éste. Una de las prescripciones de esa reglamentación que suscitaba especial preocupación era la necesidad de etiquetar productos muy refinados, como los aceites, cuando no había ADN o proteínas detectables. El Canadá consideraba además que la reglamentación era arbitraria, ya que las Comunidades Europeas no exigían controles similares para productos que podían presentar idénticos riesgos pero que se producían mediante otros métodos de elaboración, como por ejemplo el mejoramiento por inducción de mutaciones o mutagénesis. Además, la reglamentación afectaba desfavorablemente a los productos obtenidos a partir de productos modificados genéticamente, pero no a los productos producidos con organismos modificados genéticamente. Una parte considerable de los quesos y vinos de las CE se producía con coadyuvantes de elaboración
modificados genéticamente, como por ejemplo enzimas, pero no estaban sujetos a etiquetado, aun cuando dichos coadyuvantes dejaran rastros de residuos detectables.

El representante del Canadá sostuvo que la reglamentación de las CE no estaba en consonancia con los riesgos en cuestión y carecía de base científica. A este respecto, se hizo referencia a un informe de un grupo de 400 científicos preeminentes de las CE, patrocinado por la Dirección de Investigación de la Comisión Europea, que había llegado a la conclusión de que la utilización de medios biotecnológicos no entrañaba más riesgos que la utilización de técnicas fitogenéticas tradicionales. Como la reglamentación era a la vez arbitraria y discriminatoria, era evidente que desorganizaba el comercio. Por otra parte, la reglamentación era fundamentalmente inviable, como lo demostraba el umbral del 1 por ciento establecido para la presencia fortuita de OMG. La cuestión de la capacidad para verificar las etiquetas mediante pruebas planteaba interrogantes en cuanto a la viabilidad de la reglamentación y creaba el riesgo de fraude o falseamiento de los productos. A este respecto, la reglamentación no explicaba cómo deberían los Estados miembros de las CE establecer o supervisar la infraestructura necesaria. El Canadá podía imaginar cómo se haría cumplir la reglamentación en los puertos, pero no cómo se aseguraría su cumplimiento en todo el sistema agroalimentario dentro de las Comunidades Europeas. Por otra parte, un informe publicado por el organismo encargado de establecer normas alimentarias de un Estado miembro de las CE había llegado a la conclusión de que la reglamentación era inviable y costosa y carecía de rigor científico.

El representante de las Comunidades Europeas reafirmó el interés de la Comisión Europea y sus medidas positivas para permitir la prosecución de los procedimientos de autorización. En la reciente reunión de la Agencia Europea de Medio Ambiente se había iniciado un debate muy importante sobre las propuestas presentadas por la Comisión para reanudar el procedimiento de autorización. El representante de las Comunidades Europeas indicó que habría sido más adecuado examinar las cuestiones planteadas por el Canadá en cualquier punto del orden día del Comité que no fuera "Otros asuntos", pero no obstante convino en estudiar las observaciones del Canadá.

En marzo de 2002, el representante de los Estados Unidos recordó las observaciones que había hecho en la reunión anterior (G/SPS/R/25, párrafo 102) y declaró que no se habían realizado progresos a propósito del sistema de aprobación de la CE, a pesar de las declaraciones formuladas por diversos funcionarios de la Comisión. La moratoria de hecho había provocado la pérdida de más de 200 millones de dólares EE.UU. al año en exportaciones agropecuarias de los Estados Unidos. Acogía con satisfacción la nueva información facilitada por los funcionarios de la Comisión en febrero de 2002 de que el proceso de aprobación se reanudaría más adelante en el año en curso. Seguía aumentando la frustración entre los círculos comerciales y políticos de los Estados Unidos. Si bien su Gobierno veía con agrado el establecimiento de una autoridad europea para la seguridad de los alimentos, observó
que no resolvía el problema fundamental de que los distintos Estados miembros de la CE supeditaban el proceso de aprobación a preocupaciones políticas, sin tener en cuenta los principios científicos ni la adopción de decisiones normativas correctamente fundadas.

El representante del Canadá respaldó las observaciones de los Estados Unidos y observó que la moratoria de la CE de marzo de 1998 representaba una prohibición de hecho de una gran variedad de productos y que, por consiguiente, no sólo infringía el Acuerdo MSF, sino también el artículo XI del GATT. El representante de la Argentina se sumó a las preocupaciones expresadas por los Estados Unidos y el Canadá.

El representante de las Comunidades Europeas señaló la inexistencia de procedimientos en el plano internacional para la aprobación de estos tipos de productos. Las Comunidades Europeas seguían de cerca la labor del Grupo de Acción Especial del Codex sobre Biotecnología. Se habían realizado considerables esfuerzos para reunir un cuerpo de legislación armonioso, a fin de establecer un procedimiento de autorización de los productos obtenidos por medios biotecnológicos, con objeto de ofrecer al productor certeza jurídica y transparencia. La Autoridad para la Inocuidad de los Alimentos de la CE, establecida recientemente, se encargaba de la evaluación y la comunicación del
riesgo, pero se necesitaba más tiempo para completar la labor en el Parlamento Europeo y los Estados miembros.

En junio de 2002, el representante de los Estados Unidos indicó que no se habían registrado cambios en la situación de la CE desde la última reunión del Comité. Su país comenzaba a sentirse frustrado por la situación y estaba examinando las medidas que debía adoptar. El representante del Canadá añadió que la moratoria de la CE había funcionado en la práctica como una prohibición durante más de cuatro años a las importaciones de ciertos productos, sin ninguna base científica. La moratoria producía perturbaciones del comercio y discriminación basándose en los métodos de producción, sin tener en cuenta la evaluación de los riesgos. El Canadá consideraba que la moratoria de la CE era incompatible con el Acuerdo MSF y el GATT y pidió a las Comunidades Europeas que introdujesen un proceso de aprobación con base científica, así como que examinasen medidas alternativas.

El representante de las Comunidades Europeas respondió que el tema era objeto de procedimientos políticos, como había explicado anteriormente. En ese momento, el Parlamento Europeo estaba estudiando la cuestión y el Consejo de Ministros examinaría los documentos en los próximos meses. Había que seguir los procedimientos internos para aplicar la directiva propuesta.

En noviembre de 2002, el representante de los Estados Unidos recordó que las Comunidades Europeas mantenían una moratoria sobre la aprobación de los productos agropecuarios obtenidos por medios biotecnológicos desde 1998. Los Estados Unidos consideraban que esta moratoria era injustificada e indicaron que había provocado pérdidas de exportaciones de los Estados Unidos a las Comunidades Europeas por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares. Observó que funcionarios superiores de la Comisión Europea habían declarado públicamente que la moratoria era ilegal. El representante de los Estados Unidos indicó que, a pesar de la reciente adopción de la Directiva 01/18 de la CE, la moratoria seguía en vigor y el comercio continuaba bloqueado. Los Estados Unidos consideraban que la Comisión tenía la autoridad y la capacidad para actuar ante esta moratoria ilegal y que había decidido no hacerlo. La falta de una acción de la Comisión Europea respecto de esta cuestión era motivo de preocupación creciente para los Estados Unidos. El representante del Canadá dijo que su país compartía las preocupaciones expresadas por los Estados Unidos y lamentó la incapacidad de las autoridades europeas para adoptar medidas que garantizasen el cumplimiento por los Estados miembros de la CE de sus obligaciones sanitarias y fitosanitarias. El Canadá pidió a las Comunidades Europeas que levantaran la moratoria lo antes posible.

La representante de Australia apoyó las opiniones expresadas por los Estados Unidos y el Canadá acerca de la falta de una base científica para la moratoria de la CE. Para Australia también era causa de preocupación las propuestas de la CE relativas a los alimentos y piensos modificados genéticamente y la rastreabilidad y el etiquetado de los organismos modificados genéticamente (OMG). Pidió más información sobre si las Comunidades Europeas habían realizado una evaluación del riesgo sobre una base científica para sus reglamentos sobre la rastreabilidad o basaban su medida en una norma internacional. Las Comunidades Europeas habían confirmado en sus respuestas anteriores que las investigaciones realizadas habían confirmado que esos alimentos y esas plantas y productos derivados, obtenidos hasta el momento por modificación genética y comercializados siguiendo los procedimientos habituales de evaluación del riesgo, no habían presentado ningún nuevo riesgo para la salud humana o el medio ambiente más allá de las incertidumbres normales de los cultivos tradicionales, o bien riesgos que pudieran poner en peligro el nivel elegido de protección de la salud o el medio ambiente en las Comunidades Europeas. En vista de esta explicación, la representante de Australia pidió una ulterior aclaración sobre cómo, en ausencia de un riesgo identificable para la salud humana, el sistema de rastreabilidad propuesto cumplía las prescripciones sanitarias y fitosanitarias.

El representante de Filipinas dijo que compartía las preocupaciones expresadas por los Estados Unidos y reiteró la posición de su país respecto de la rastreabilidad de los OMG. Señaló que las Comunidades Europeas no habían podido presentar ninguna prueba científica que demostrara que los OMG no eran tan inocuos como sus homólogos tradicionales, y que no se podía disponer de medidas menos restrictivas del comercio para hacer frente al riesgo.

El representante de las Comunidades Europeas dijo que comprendía la frustración de otros Miembros por el hecho de que no se habían realizado progresos desde la última reunión. La Comisión Europea y los Estados miembros de la CE seguían decididos a introducir un marco normativo para permitir la libre comercialización de los OMG y los productos modificados genéticamente en las Comunidades Europeas y observó que se habían hecho progresos a ese respecto. Pidió paciencia y comprensión respecto de este expediente muy delicado que se estaba tratando al más alto nivel dentro de las Comunidades Europeas.

En junio de 2016, los Estados Unidos comentaron con preocupación los retrasos para la aprobación de productos de biotecnología en la Unión Europea, que mermaban la capacidad de los productores para introducir nuevos productos al mercado. A modo de ejemplo, los Estados Unidos citaron tres productos de soja que el organismo científico de la UE había aprobado en junio y julio de 2015, pero que no tenían aún la aprobación definitiva de la Comisión. Los Estados miembros habían examinado las tres solicitudes referentes a los productos de soja en enero de 2016 y estaban esperando una decisión de la Comisión. Observaron con preocupación que la aprobación de los productos por parte de la Comisión quedaría suspendida hasta que la Unión Europea adoptara medidas para reautorizar el glifosato. Los Estados Unidos instaron a la Unión Europea a aprobar estos productos de biotecnología de forma oportuna, con independencia de otros asuntos ajenos a este procedimiento, a fin de cumplir con sus obligaciones en el marco del Acuerdo MSF.

El Canadá se sumó a la preocupación expresada por los Estados Unidos por los retrasos indebidos del proceso de autorización de la UE para comercializar los productos de biotecnología. El Canadá instó a la Unión Europea a corregir esta situación y a aprobar las autorizaciones de manera más oportuna. Para ilustrar estos retrasos, el Canadá señaló que la Unión Europea tardaba en promedio más de seis años para aprobar un producto de biotecnología, y que el Colegio de Comisarios tardaba tres meses y medio, en promedio, para tomar una decisión sobre un producto de este tipo tras la votación del comité de apelación. El Canadá lamentó que estos retrasos injustificados hubieran impedido recientemente que los productores de su país comercializaran en la Unión Europea una serie de productos de soja de la temporada de 2016.

La Unión Europea respondió que las solicitudes de aprobación de OMG se seguían tramitando debidamente de acuerdo con el marco jurídico vigente de la UE, y que desde 2015 se habían aprobado 19 autorizaciones de productos alimenticios y piensos. Con respecto a las tres solicitudes para productos de soja que estaban pendientes, señaló que pronto concluiría el proceso de aprobación de la Comisión.