Número de PCE - 396

Propuesta de la Unión Europea: modificación del Reglamento (CE) Nº 1829/2003 a fin de permitir que los Estados miembros limiten o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente

Mantenida por: Unión Europea
Planteada por: Argentina; Estados Unidos de América; Paraguay
Respaldado por: Brasil; Canadá; Uruguay
Planteada por primera vez en: julio 2015 G/SPS/R/79, paras. 3.19-3.23
Planteada posteriormente en: octubre 2015 (G/SPS/R/81, paras. 3.38-3.41)
marzo 2016 (G/SPS/R/82, paras. 3.61-3.63)
Número de veces posteriormente presentada: 2
Documentos pertinentes: G/TBT/N/EU/284
Productos abarcados:
Palabra clave (tema) principal : Inocuidad de los alimentos
Palabras claves: Sanidad animal; Proc. de control, inspección y aprobación; Inocuidad de los alimentos; Organismos modificados genéticamente (OMG); Salud de las personas; Testimonios científicos suficientes; Obstáculos técnicos al comercio (OTC); Transparencia
Situación: No se ha notificado
Solución:
Fecha en que se comunicó su resolución:

Extractos de los resumenes de las reuniones del Comité MSF

En julio de 2015, la Argentina manifestó preocupaciones por esta modificación, que fue notificada con la signatura G/TBT/N/EU/284, y que iba a permitir que los Estados miembros de la UE restringieran o prohibieran el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente que estuvieran autorizados a nivel de la UE. Según la situación vigente, los Estados miembros tenían derecho a restringir o prohibir las importaciones de este tipo de productos si existían pruebas científicas de que representaban un riesgo para la salud o para el medio ambiente. La nueva propuesta de la UE iba a permitir a los Estados miembros prohibir o restringir el uso de esos productos sin necesidad de presentar tales pruebas. Anteriormente, la Unión Europea y sus Estados miembros habían tratado, sin éxito, de dar una justificación científica a las restricciones al uso de OMG. Cabía interpretar que esta nueva propuesta era una vía alternativa para alcanzar el mismo objetivo. La medida haría posible que los Estados miembros de la UE crearan obstáculos innecesarios al comercio internacional. También iba a generar imprevisibilidad en el comercio de productos básicos, además de afectar al mercado único y a la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea. En consecuencia, la Argentina invitó a la Unión Europea a reconsiderar este proyecto de modificación y a implementar la legislación vigente de la UE en materia de autorización y aprobación de OMG en todo su territorio, ajustándose así a las reglas multilaterales.
El Paraguay compartía las preocupaciones de la Argentina por la propuesta de la UE, la cual podría afectar a productos que habían sido utilizados durante varios años sin tener efectos adversos en la salud humana o animal ni en el medio ambiente. La modificación permitiría a los Estados miembros adoptar medidas que no estuvieran basadas en pruebas científicas, incumpliendo por tanto el Acuerdo MSF. La Unión Europea era un importante asociado comercial del Paraguay y de la Argentina, de modo que la propuesta despertaba una gran preocupación en su sector productivo. Por ello, el Paraguay solicitó a la Unión Europea que reconsiderara la modificación del reglamento.
Los Estados Unidos también compartían esta preocupación y plantearon preguntas relativas a los procedimientos, pues la UE solo había notificado su propuesta al Comité OTC, pero también la debería haber comunicado al Comité MSF, según establecía el artículo 7 y el Anexo B del Acuerdo MSF y el Procedimiento recomendado en materia de transparencia de este último Comité, que figuraba en el documento G/SPS/7/Rev.3. Afirmó que la modificación referente al Reglamento (CE) Nº 1829/2003 era una medida MSF, ya que regulaba las aprobaciones de los productos biotecnológicos teniendo en cuenta cuestiones relativas a la salud y la seguridad. La medida se había notificado al Comité MSF mediante el documento G/SPS/N/EEC/149, incluyendo varias adiciones y correcciones. Los Estados Unidos también expresaron sus preocupaciones de fondo por las consecuencias adversas para el comercio que podía tener la modificación, por ejemplo, la competencia desleal, la incertidumbre reglamentaria, el incremento de los costos y los daños a las cadenas de suministro integradas. La propuesta podría causar una proliferación de medidas arbitrarias y discriminatorias, además de derivar en una falta de claridad y certidumbre. Por último los Estados Unidos recordaron la diferencia CE - Productos biotecnológicos de 2006, en la cual el OSD había constatado que las prohibiciones decretadas en nueve Estados miembros de la UE sobre productos biotecnológicos aprobados a nivel de la Unión Europea eran contrarias a las obligaciones de esta en el marco del Acuerdo MSF. Aun así, algunos Estados miembros de la UE habían mantenido esas prohibiciones y habían adoptado otras. Los Estados Unidos instaron a la Unión Europea a no adoptar la propuesta.
El Brasil, el Canadá y el Uruguay también compartían esa preocupación. Estos países destacaron las consecuencias negativas que la medida podía tener en el comercio y solicitaron información adicional.
La Unión Europea expuso que la propuesta no era una medida sanitaria ni fitosanitaria. No guardaba ninguna relación con la protección de la vida o de la salud, dado que se excluían las restricciones que tuvieran que ver con los riesgos para la salud o el medio ambiente. Por ello, la medida estaba fuera del ámbito del Acuerdo MSF. La Comisión Europea trasladaría a sus colegisladores las observaciones recibidas de parte de los Miembros de la OMC. La Unión Europea señaló que había cumplido sus obligaciones en materia de transparencia al notificar la legislación, y que esta indicaba claramente que para prohibir o limitar los OMG los Estados miembros no podían alegar riesgos para la salud o la vida.

En octubre de 2015, la Argentina volvió a manifestar su inquietud por esta modificación (notificada en el documento G/TBT/N/EU/284), que permitiría a los Estados miembros de la UE restringir o prohibir el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente que estuvieran autorizados a nivel de la UE. La Argentina recordó las explicaciones que había dado en julio de 2015, y señaló una declaración reciente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que afirmaba que la medida debía ser compatible con las obligaciones internacionales de la Unión Europea ante la OMC y con el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohibía las restricciones cuantitativas de exportaciones entre los Estados miembros de la UE, así como cualquier medida que tuviera efectos similares. La Argentina pidió a la Unión Europea que retirara el proyecto de modificación e implementara la legislación vigente de la UE en materia de autorización y aprobación de OMG en todo su territorio, ajustándose así a las reglas multilaterales.
Los Estados Unidos hicieron suyas las preocupaciones de la Argentina y pidieron que se informara del trámite de la propuesta en los órganos pertinentes de la UE. Informaron que, el 3 de septiembre de 2015, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo había rechazado la propuesta de la Comisión Europea de instaurar un sistema de autoexclusión para los países en lo referente a las importaciones de productos modificados genéticamente. La Comisión de Agricultura también había instado a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento a rechazar la propuesta. Los Estados Unidos pidieron información sobre el procedimiento de revisión de la Comisión de Medio Ambiente y preguntaron si la Comisión Europea ya había realizado la evaluación de impacto y publicado un dictamen jurídico a instancias del Parlamento Europeo. Los Estados Unidos se felicitaron de la información proporcionada por la UE al Comité MSF sobre las medidas relacionadas con los reglamentos de aprobación de productos modificados genéticamente, en particular sobre el retiro de la propuesta de la Comisión y sobre toda nueva medida, por ejemplo la decisión, o no, de la Comisión de examinar alternativas. Por último, los Estados Unidos recordaron la diferencia CE - Productos biotecnológicos de 2006, y volvieron a formular las explicaciones que habían proporcionado en julio de 2015.
El Brasil, el Canadá, el Paraguay y el Uruguay también compartían esa preocupación. Estos países destacaron las consecuencias negativas que la medida podía tener en el comercio y solicitaron información adicional.
La Unión Europea explicó que no se trataba de una propuesta de medida sanitaria o fitosanitaria. No guardaba ninguna relación con la protección de la vida o de la salud, dado que se excluían las restricciones que tuvieran que ver con los riesgos para la salud o el medio ambiente. Por ello, la medida estaba fuera del ámbito del Acuerdo MSF, por lo que se había notificado en el marco del Acuerdo OTC. La Comisión Europea respondería a las observaciones recibidas de los Miembros de la OMC por los mecanismos OTC previstos. La Unión Europea señaló que había cumplido sus obligaciones en materia de transparencia al notificar su texto legislativo, en el que se indicaba claramente que para prohibir o limitar los OMG aprobados por la UE, los Estados miembros no podían alegar consideraciones relacionadas con los riesgos para la salud o la protección de medio ambiente.

En marzo de 2016, la Argentina expresó su preocupación por el proyecto de legislación notificado el 20 de mayo de 2015 por la UE con la signatura G/TBT/N/EU/284, que tiene por objeto modificar el actual sistema de autorización de OMG previsto en el Reglamento (CE) 1829/2003, con vistas a permitir a sus Estados miembros restringir o prohibir el uso, en la totalidad o parte de su territorio, de alimentos y piensos modificados genéticamente, aun cuando estén avalados por una opinión favorable de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. La Argentina pidió a la Unión Europea que retirara el proyecto de modificación e implementara la legislación vigente de la UE en materia de autorización y aprobación de OMG en todo su territorio, ajustándose así a las reglas multilaterales.
El Canadá recordó que había planteado su preocupación sobre esta propuesta en reuniones anteriores del Comité MSF y el Comité OTC. En agosto de 2015, el Canadá había presentado observaciones sobre la notificación OTC de la UE, y había recibido respuesta. El Canadá seguía considerando que cualquier medida tomada por un Estado miembro de la UE en el marco de esta propuesta podía perturbar el comercio y generar incertidumbre. Señaló el reciente dictamen del Servicio Jurídico del Consejo Europeo, a saber, que era poco probable que se determinara que la propuesta era compatible con las normas del mercado interno de la Unión Europea o con los compromisos de la UE en el marco de la OMC. El Canadá preguntó qué planes tenía la Unión Europea y afirmó que estaría muy atento a esta cuestión.
La Unión Europea explicó que la propuesta no guardaba relación con la protección de la salud y la vida de las personas, los animales o las plantas. En consecuencia, la medida estaba fuera del ámbito del Acuerdo MSF y se había notificado en el marco del Acuerdo OTC. Se habían recibido varias observaciones de Miembros de la OMC y se había respondido por los mecanismos OTC previstos. La Unión Europea también señaló que la propuesta se estaba debatiendo en el Consejo de Ministros y que el proceso legislativo estaba abierto.